La investigación desarrollada por una comisión especial de la Cámara de Diputados en torno a la comercialización de combustible con deficiencias de calidad finalizó con la identificación de 54 personas que podrían tener algún grado de responsabilidad en el hecho.
Dentro de la lista de señalados se encuentran los exejecutivos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen y Yussef Akly, junto a la exdirectora de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Margot Ayala.
Ximena Arispe, presidenta de la comisión investigadora, detalló que los nombres se incorporaron en el documento en calidad de presuntos responsables, por lo que corresponderá al Ministerio Público definir si se cuenta con elementos suficientes para iniciar procesos individuales.
De acuerdo con la parlamentaria, los involucrados en la nómina deberían comparecer a declarar para clarificar su rol en las diversas fases vinculadas con el carburante observado.
El pleno de la Cámara Baja dio el visto bueno por unanimidad al informe de la comisión y determinó remitirlo al Ministerio Público, la Contraloría General del Estado y el Órgano Ejecutivo. A través de esta medida, el Legislativo pretende que estas instancias ahonden en las indagaciones y definan eventuales responsabilidades de tipo administrativo, civil o penal.
Entre los puntos observados por los legisladores figuran modificaciones normativas efectuadas en el periodo del expresidente Luis Arce. Arispe sostuvo que dos decretos alteraron los parámetros de calidad demandados para los combustibles y que, bajo su criterio, redujeron también los filtros de control.
La comisión plantea que dichas normas sean analizadas por la Fiscalía para establecer si tuvieron vínculo con las fallas halladas en el carburante y si hubo responsabilidad de quienes intervinieron en su emisión o cumplimiento.
Arispe precisó que la lista de 54 personas no constituye necesariamente un registro definitivo, señalando que, conforme progresen las pesquisas, podrían surgir otros nombres relacionados con el manejo, traslado, almacenamiento y distribución del producto.
El análisis abarca asimismo la cadena de custodia, así como las instalaciones de almacenamiento y otras infraestructuras asociadas con el combustible observado, con la meta de ubicar en qué fase se habrían generado las irregularidades y quiénes debían ejercer el control en cada punto.
De igual manera, la comisión legislativa anticipó que seguirá demandando reportes a diversas entidades. Entre las solicitudes pendientes se incluye un requerimiento sobre los denominados “sellos rojos”, atribuidos públicamente a la gestión de Armin Dorgathen.
Tras la remisión del informe a los entes de control, el proceso entra en una nueva fase. La Fiscalía tendrá que analizar los antecedentes entregados por la Cámara de Diputados para disponer si procede o no la apertura de investigaciones contra las exautoridades y funcionarios señalados.
Por su lado, la comisión prevé mantener sus tareas de fiscalización para acumular mayor respaldo documental sobre las posibles fallas detectadas en el control de calidad de los carburantes. (Erbol)