El fiscal general del Estado confirmó la desvinculación de Gerardo Balderas y Julio César Porras del Ministerio Público, luego de que ambos fueran incluidos en una lista de personas a las que Estados Unidos restringió o suspendió sus visas. La máxima autoridad del Ministerio Público explicó que la decisión responde a antecedentes evaluados por la institución y anunció el inicio de investigaciones para verificar si existen elementos que configuren posibles responsabilidades.
El titular de la Fiscalía señaló que las resoluciones para apartar a ambos funcionarios ya fueron emitidas, aunque resta su notificación formal una vez que los documentos lleguen en soporte físico para completar el trámite administrativo.
Junto con confirmar la medida, la autoridad indicó que el Ministerio Público comenzó a recopilar información para esclarecer la situación de ambos exfiscales. Dichas actuaciones persiguen determinar si existen indicios de irregularidades que ameriten procesos legales, así como conocer las circunstancias que llevaron a las restricciones impuestas por el Gobierno estadounidense.
El fiscal general sostuvo que este escenario ratifica la necesidad de profundizar las investigaciones abiertas en la institución. No obstante, subrayó que la presencia de un nombre en la lista de Estados Unidos no puede considerarse automáticamente una prueba de culpabilidad, ya que cualquier señalamiento debe procesarse a través de vías formales de verificación.
En ese sentido, aclaró que la inclusión en el registro constituye un antecedente orientador para las pesquisas, pero no sustituye las pruebas ni las determinaciones que competen a las instancias correspondientes. La eventual responsabilidad de los implicados dependerá de los resultados investigativos.
Asimismo, la autoridad no descartó que otros señalados en la misma nómina sean investigados en caso de hallarse elementos concretos que lo justifiquen. Enfatizó que no se abrirán procesos indiscriminados y que cada caso será analizado con base en la documentación e información disponible.
Por ello, solicitó evitar conclusiones generalizadas y recalcó que cualquier decisión se apoyará en antecedentes verificables, marcando una distinción entre las restricciones migratorias de un país extranjero y las responsabilidades que pudieran determinarse en la justicia boliviana.
Respecto a las repercusiones para el país, admitió que estos hechos pueden perjudicar la imagen internacional de Bolivia, aunque matizó que identificar posibles actos de corrupción puede ser una oportunidad para transparentar denuncias y delimitar responsabilidades.
Consideró positivo que se expongan situaciones orientadas a esclarecer irregularidades siempre que las pesquisas sustenten los hechos, reiterando que se debe evitar emitir condenas previas sin fundamentos comprobados.
La salida de Balderas y Porras abre una etapa institucional en la que las notificaciones formales y los avances en la recolección de indicios definirán la viabilidad de futuras acciones legales.
Desde el Ministerio Público se remarcó que figurar en la nómina estadounidense no equivale a culpabilidad y que cualquier responsabilidad se definirá mediante el debido proceso, preservando la presunción de inocencia mientras no exista una determinación legal en contrario. (La Prensa)
