Una denuncia formal radicada ante el Ministerio Público apunta a esclarecer un presunto daño económico de más de Bs 17 millones vinculado a la edificación y equipamiento de la denominada casa ejecutiva de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en Santa Cruz. El viceministro de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Yamil García, advirtió que la obra, ejecutada entre 2014 y 2015 durante el segundo mandato de Evo Morales, incluyó mobiliario, dispositivos electrónicos y otros bienes cuyo costo y utilidad institucional deben ser investigados.
La autoridad observó el destino de fondos públicos para una residencia de directores y ejecutivos que, según expuso, tiene características similares a las de un hotel de lujo. García remarcó que el proyecto requiere ser evaluado para comprobar si contó con un respaldo técnico, económico y social adecuado para justificar la inversión.
Según los datos provistos por el Viceministerio, la construcción del inmueble implicó cerca de Bs 2,5 millones y las labores de mantenimiento superaron los Bs 120.000. No obstante, el desembolso más cuantioso correspondió al equipamiento gestionado mediante distintos procesos de contratación, cifra que rebasó los Bs 14 millones. Este conjunto de erogaciones sustentó la acusación por un posible perjuicio económico al Estado.
Dentro de los ítems observados se detallan televisores de alta gama en dormitorios, sistemas de sonido marca Bose, obras de arte de autor y muebles fabricados a medida. Asimismo, se identificó instrumental de comunicación y enseres de cocina, adquisiciones cuestionadas por la instancia gubernamental ante las características del recinto y los fines institucionales que debía atender.
Entre los aspectos destacados por los investigadores figura la instalación de cuatro equipos de sonido en las áreas de jardín. De acuerdo con García, cada unidad superaba los 500 dólares de costo, monto citado como muestra del nivel de gasto aplicado a las áreas exteriores.
El viceministro contrastó estas compras con las limitaciones existentes en reparticiones judiciales, donde afirmó que faltaban insumos elementales de grabación. Con esa comparación, insistió en evaluar las resoluciones de gasto en entidades públicas para verificar si los desembolsos respondieron a demandas operativas reales.
La acción penal fue interpuesta contra siete exautoridades vinculadas a la administración de la petrolera estatal durante la fase de ejecución. La nómina incluye al entonces presidente ejecutivo interino de YPFB, al gerente nacional de Administración y Finanzas, al jefe de la Unidad de Infraestructura y a cuatro directores que habrían intervenido en autorizar el uso de los fondos.
La causa se abrió por los presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. Las indagaciones deberán definir las responsabilidades individuales de los procesados, además de auditar las contrataciones, aprobaciones presupuestarias, supervisión de obra y compras de activos.
García puntualizó que todo manejo de fondos estatales debe sustentarse en criterios técnicos, económicos y sociales de utilidad. Con ese argumento, la repartición gubernamental espera que la Fiscalía avance en las actuaciones y cite a declarar a los involucrados para precisar cómo se determinó la concreción de la obra.
El caso reabre el debate sobre la administración de recursos en YPFB en periodos previos. Sin embargo, la sola formulación de la denuncia no certifica la culpabilidad de los denunciados, pues corresponderá a las pesquisas fiscales y a las determinaciones judiciales establecer la existencia del daño económico y calificar penalmente los hechos.
Hasta el momento, la suma superior a Bs 17 millones se mantiene como el eje de la acusación, abarcando edificación, supervisión, equipamiento y mantenimiento de la residencia ejecutiva. La conclusión del caso quedará sujeta al examen de antecedentes administrativos, documentación financiera y elementos probatorios para dictaminar si el gasto se ajustó al marco legal vigente. (Unitel)
