Un hombre de 30 años de edad fue aprehendido en el municipio de Tupiza, Potosí, como resultado de una investigación activada tras una alerta del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos. La advertencia señalaba presuntas conductas de riesgo en plataformas digitales, relacionadas con la incitación a menores de edad a infligirse autolesiones durante videollamadas. Durante el operativo se hallaron rastros de sangre y sustancias controladas.
El aprehendido fue identificado como Alex Osvaldo M., quien es investigado por su presunta vinculación en estos hechos y por la tenencia de sustancias controladas. Los datos fueron reportados el miércoles 14 de octubre por la Agencia Boliviana de Información (ABI), a partir de informes sobre las acciones de la fuerza del orden.
Según los antecedentes, el Centro de Operaciones de Amenazas del FBI detectó movimientos sospechosos en redes sociales y entornos digitales. Dicha notificación posibilitó el inicio de las indagaciones para ubicar la procedencia de las transmisiones y dar con los presuntos responsables.
Rastreo tecnológico permitió localizar al investigado en Tupiza
El comandante departamental de la Policía en Potosí, Roger Villazón, detalló que los peritos recurrieron a mecanismos de triangulación tecnológica con el fin de rastrear el origen de la actividad en la red. Mediante estas labores se estableció que las emisiones investigadas estarían asociadas a la ciudad de Tupiza, donde se concretó la intervención.
En el inmueble donde se encontraba el individuo, los agentes policiales hallaron sustancias controladas y restos de sangre, elementos que fueron sumados al cuaderno de investigaciones para esclarecer los pormenores del caso.
El hallazgo de estos indicios no fija por sí solo la manera en que se suscitaron los hechos ni las responsabilidades directas en cada conducta señalada, por lo que las autoridades pertinentes llevarán adelante las pericias y requerimientos para determinar su nexo con la causa.
El Ministerio Público encabeza las pesquisas
Posterior a la captura, el Ministerio Público asumió las actuaciones para esclarecer los sucesos atribuidos al sindicado, individualizar presuntas responsabilidades y acumular pruebas para el proceso penal.
La causa atañe a presuntas conductas que habrían perjudicado a menores mediante entornos digitales, situación en la que resta precisar las circunstancias de los contactos, la identidad de posibles víctimas y la dimensión de las acciones indagadas.
Asimismo, el operativo incluye la indagación por presunta tenencia de sustancias controladas, aspecto que deberá dilucidarse sobre la base de los indicios decomisados y los procedimientos de ley.
El trabajo coordinado a raíz del reporte internacional facilitó la localización en territorio nacional; sin embargo, la continuidad de la causa quedará sujeta a los peritajes, la obtención de indicios y las resoluciones de las autoridades judiciales.
Las investigaciones continúan en marcha para determinar los hechos y definir las responsabilidades que correspondan, en el marco de las garantías del investigado y el resguardo de los menores presuntamente afectados. (ABI)