El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, ratificó que la Policía Boliviana continúa con los operativos de búsqueda del exministro Eduardo Del Castillo, quien cuenta con una orden de aprehensión por su presunta vinculación en el caso ligado al narcotraficante Sebastián Marset.
La autoridad señaló que, hasta el 8 de octubre, los investigadores no habían conseguido dar con el paradero de la exautoridad. Asimismo, detalló que no existe reporte oficial de la Dirección General de Migración que dé cuenta de una eventual salida legal de Del Castillo del territorio nacional.
“Hay una orden de aprehensión, existen elementos probatorios para haberlo involucrado en este tema. Se lo está buscando, no lo hemos podido encontrar hasta ahora”, manifestó Oviedo al referirse al avance de las actuaciones policiales.
El titular de Gobierno expresó su expectativa de que las unidades asignadas alcancen resultados en las próximas jornadas para dar cumplimiento al mandamiento emitido en contra del exfuncionario.
Investigación por presuntos nexos con Sebastián Marset
El caso cobró notoriedad pública tras la difusión de una grabación de audio en la que presuntamente Sebastián Marset nombra a Del Castillo y lo sindica de haber cobrado pagos a cambio de facilitarle protección para sus actividades ilícitas en el país.
Dichos señalamientos integran los elementos que sustentan las medidas adoptadas por las autoridades pertinentes. Sin embargo, estas acusaciones requieren ser investigadas y cotejadas en el marco del procedimiento correspondiente, considerando que su sola difusión no constituye un fallo judicial de responsabilidad.
Oviedo remarcó que existen indicios probatorios que justifican las pesquisas para ubicar al exministro y reiteró el encargo a las fuerzas del orden de ejecutar la orden de captura.
Sin registro de salida legal en Migración
Respecto al flujo migratorio, el ministro indicó que no se dispone de ningún informe que certifique una salida formal de Del Castillo por los pasos fronterizos controlados.
Oviedo precisó que no asevera que la exautoridad permanezca forzosamente en Bolivia, sino que no cursa documentación oficial que acredite un cruce legal de frontera. Hasta el momento, los datos disponibles no establecen de forma pública su localización ni confirman su paso a otro país.
Por su parte, las diligencias policiales y judiciales deberán determinar la veracidad y relevancia de las pruebas acumuladas, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia en la investigación sobre posibles vínculos de funcionarios o exfuncionarios con estructuras del narcotráfico. (Abi)