Los conductores del transporte público podrán acceder a una nueva alternativa de financiamiento para mejorar sus unidades después de que el Gobierno incorporara a este sector dentro de la categoría de actividades productivas. La medida permitirá solicitar créditos destinados a la compra o sustitución de vehículos, reparación integral, repotenciación y adquisición de motores o equipamiento.
La disposición está contemplada en el Decreto Supremo 5739, aprobado el lunes 5 de octubre, en un contexto marcado por el incremento del precio del diésel y las dificultades que enfrenta el transporte público para asumir los mayores costos de operación.
Con la nueva normativa, las personas naturales o jurídicas que presten servicios de transporte automotor, independientemente de la modalidad en la que trabajen, podrán acceder a condiciones de financiamiento previstas para el crédito productivo.
Tasas de interés dependen del tamaño del emprendimiento
El crédito productivo contempla diferentes tasas de interés de acuerdo con la clasificación de la unidad económica que solicite el financiamiento.
Las microempresas pueden acceder a una tasa anual de hasta 11,5%, mientras que para las pequeñas empresas la tasa establecida es del 7%. En el caso de las empresas medianas y grandes, el interés anual llega al 6%.
Sin embargo, el Decreto Supremo 5739 no determina todavía bajo qué categoría productiva serán clasificados los choferes del transporte público. Esta definición deberá ser precisada mediante la reglamentación correspondiente.
Las tasas señaladas tampoco contemplan otros costos asociados a la operación financiera, como seguros, formularios o eventuales cargos adicionales. Estos aspectos estarán sujetos a las disposiciones que establezca la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
¿En qué podrán utilizar el financiamiento?
La normativa establece diferentes destinos para los recursos obtenidos mediante este mecanismo.
Uno de ellos será la adquisición de vehículos nuevos o la sustitución de unidades utilizadas actualmente para prestar el servicio. Esto abre la posibilidad de que los transportistas puedan renovar parte de un parque automotor que, en muchos casos, presenta problemas de antigüedad y mantenimiento.
El financiamiento también podrá utilizarse para realizar reparaciones integrales o trabajos de repotenciación de las unidades. De esta manera, los propietarios podrán acceder a recursos para mejorar el funcionamiento de vehículos que todavía pueden continuar en circulación.
Otro de los destinos contemplados es la compra de motores y equipamiento necesario para la prestación del servicio de transporte.
La medida busca facilitar inversiones que, debido al incremento de los costos de operación, pueden resultar difíciles de asumir con recursos propios para muchos trabajadores del sector.
La medida llega tras el aumento del precio del diésel
La incorporación del transporte público al crédito productivo ocurre después de la eliminación de la subvención al diésel y del incremento del precio del combustible.
El nuevo esquema fijó inicialmente el litro de diésel en Bs 17,95, con un mecanismo que contempla variaciones posteriores vinculadas con la cotización internacional del petróleo.
El incremento generó preocupación entre los transportistas debido al impacto que tiene el combustible sobre sus costos diarios. El sector ha advertido que mantener las tarifas actuales podría resultar complicado si los gastos de operación continúan aumentando.
Ante ese escenario, el Gobierno planteó diferentes medidas para reducir el impacto sobre los conductores y evitar que el incremento de los costos termine trasladándose directamente al precio de los pasajes.
Entre las alternativas anunciadas se encuentra precisamente el financiamiento para renovar el parque automotor, además de programas destinados a transformar vehículos que funcionan con diésel para que puedan utilizar Gas Natural Vehicular (GNV).
La banca deberá verificar la documentación del transportista
El acceso al financiamiento no será automático. Las entidades financieras tendrán que comprobar que los solicitantes cumplen con los requisitos necesarios para desarrollar legalmente la actividad.
De acuerdo con la normativa, las instituciones de intermediación financiera deberán verificar la afiliación, habilitación, autorización, licencia o registro que corresponda según la modalidad del servicio prestado.
Esto significa que los transportistas deberán demostrar que cuentan con la documentación exigida para operar antes de acceder al crédito bajo las condiciones establecidas para el sector productivo.
La medida alcanza a las diferentes modalidades del transporte automotor público y no se limita a un tipo específico de vehículo.
Una alternativa para enfrentar el costo de renovación
La incorporación del transporte público al crédito productivo representa un cambio en el tratamiento financiero que recibe el sector, al reconocer su actividad como un servicio complementario a la producción.
Con esta modificación, los choferes podrán buscar financiamiento bajo condiciones diferentes a las de un crédito convencional destinado al consumo, siempre que cumplan los requisitos establecidos por las entidades financieras.
Uno de los principales objetivos será facilitar la renovación de unidades y la realización de inversiones que permitan reducir problemas mecánicos y mejorar las condiciones del parque automotor.
Sin embargo, todavía queda pendiente conocer cómo se clasificará a los diferentes transportistas dentro de las categorías de micro, pequeña, mediana o gran empresa. Esta definición será determinante para establecer qué tasa de interés corresponderá a cada solicitante.
La reglamentación también deberá precisar los procedimientos que deberán seguir los transportistas y las condiciones bajo las cuales las entidades financieras otorgarán los recursos.
El Gobierno busca contener el impacto sobre los pasajes
La disposición forma parte de las medidas que el Gobierno viene planteando para reducir los efectos del incremento del precio del combustible sobre el transporte público.
La intención oficial es que la renovación y modernización de las unidades contribuya a mejorar la eficiencia del servicio y permita contener el aumento de los costos operativos.
En paralelo, el Gobierno impulsa programas para convertir vehículos de diésel a GNV, una alternativa que busca reducir la dependencia de los transportistas respecto del combustible cuyo precio fue incrementado tras el retiro de la subvención.
Para los choferes, el acceso efectivo a estos créditos dependerá ahora de las condiciones que establezcan las entidades financieras, de la reglamentación de la medida y de la capacidad de cada operador para cumplir con los requisitos exigidos.
Mientras continúan las conversaciones entre el Gobierno y los representantes del transporte sobre el impacto del nuevo precio del diésel, el Decreto 5739 abre una vía de financiamiento que podría ser utilizada para renovar unidades, realizar reparaciones y adaptar parte del parque automotor a otras fuentes de energía.
El alcance real de la medida se conocerá una vez que se determine cómo serán clasificados los transportistas y se establezcan los procedimientos específicos para acceder a los créditos productivos. (Visión 360)